Lo que primero me ha sorprendido negativamente es que el Defensor sólo puede actuar contra actos administrativos, no contra leyes. Pero él tiene potestad de acudir al Tribunal Constitucional mientras que yo no puedo hacerlo. Si considero que una ley atenta contra mis derechos básicos constitucionales ¿qué puedo hacer sino?
Pero yendo al fondo del asunto, en medio de un lenguaje bastante farragoso y lleno de referencias jurídicas, lo que viene a decir es que la legislación no permite ningún tipo de acceso a la información trazada que no esté autorizado por un juez.
Personalmente opino que, aunque así sea, ya la misma existencia de toda esa traza de información supone en sí misma una invasión desmedida de mi derecho a la intimidad y derecho al secreto de las comunicaciones, ya que esa recogida de datos se hace sin consentimiento judicial y nadie impide a los entes estatales (y quizá otros) el acceso "bajo cuerda" a toda esa información, aunque luego en teoría no la pudieran utilizar judicialmente (¿o sí, si piden la orden después de saber lo que han de buscar?).
En fin, espero que alguien experto en derecho revise este documento y haga sus comentarios. Además voy a mandarle un correo a la Asociación de Internautas para que sepan por donde van a ir los tiros en las argumentaciones en contra de su demanda ante el Tribunal Supremo por esta ley.
Una vez más, el enlace a la contestación. La carta escaneada en formato JPG: pág. 1, pág. 2, pág. 3 y pág. 4.
Y, si no hago nada malo ¿por qué me han de vigilar?
